Desde hace ya unas semanas Andorra está en la boca de todos para bien o para mal.

Hecho que ha implicado que partidos políticos como Unidas Podemos se opongan a la fuga de Youtubers hacía Andorra, país con un tipo impositivo mucho más favorable. Esta oposición se concretó en una amenaza cuando el pasado mes Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, reclamó incluir a Andorra en el listado de paraísos fiscales.

De manera preocupante, esta petición no únicamente se ha solicitado dentro de los grupúsculos izquierdistas, sino que el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclama incluir en la lista de paraísos fiscales de la UE aquellos países con baja tributación, como Andorra, Luxemburgo, Chipre o Irlanda.

¿Y por qué quieren incluir a Andorra en el listado de paraísos fiscales?

En el pequeño país de los Pirineos se tributa mucho menos que en España: (i) en Andorra se tributa un 4,5% por el IVA, frente al 21% de España. (ii) El Impuesto de Sociedades es del 10% frente al 25% del tipo general en España. (iii) El IRPF en Andorra no se aplica a los salarios inferiores a 24.000€ anuales y nunca es superior a un 10%, en cambio en España, en cambio, llega a ser de hasta un 53%.

¿Pero es esto suficiente para listar a Andorra como un paraíso fiscal?

Existen diversos listados de paraísos fiscales relevantes: (i) los internacionales: el de la Unión Europea y el de la OCDE, que inspiran a los listados de cada país (ii) y los nacionales, que dependen no del consenso internacional sino de la potestad legislativa de cada país.

Actualmente, en el marco de la Unión Europea y la OCDE, se considera paraíso fiscal a aquellos territorios que no tengan firmados convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información y a aquellos que no cumplen con compromisos de transparencia e intercambio de información bancaria.

En este sentido, Andorra hace mucho que dejó de ser paraíso fiscal en el marco de la OCDE (año 2012) y a finales de 2018 fue eliminado de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea al adaptar su tributación a los estándares exigentes de transparencia y cooperación del ECOFIN.

No obstante, a nivel nacional un país puede decidir su propio devenir en cuanto al listado de paraísos fiscales, hecho que ante una deriva izquierdista española podría implicar desajustes grandes respecto la OCDE o la UE.

Actualmente España sigue las directrices internacionales, y al tener firmado con Andorra un convenio para evitar la doble imposición con clausula de intercambio de información, automáticamente esto excluye a Andorra de la definición de paraíso fiscal anteriormente citada.

¿Podría ser incluido Andorra en el listado de paraísos fiscales?

En España se está tramitando en las Cortes Generales el proyecto de Ley de prevención y lucha contra el fraude (impulsado en parte por el apoyo de ERC) en el cual se establece la baja o nula tributación como uno de los criterios que puede llevar, por sí solo, a un país a ser incluido en nuestra lista de paraísos fiscales.

De este modo, el citado proyecto prevé ampliar la lista de paraísos fiscales bajo la denominación de jurisdicciones no cooperativas al incluir más criterios además del intercambio de información tributaria y financiera, criterios como la baja tributación en comparación a España o la nula tributación.

Así, y a falta de incorporar enmiendas de los diferentes grupos, mientras el anteproyecto de ley  contemple “la existencia de baja o nula tributación”, esto permitiría incluir a Andorra en el temido listado de paraísos fiscales.

A pesar de que creemos que este hecho se antoja complicado, no obsta mencionar que hasta enero de 2021, Portugal ha tenido listado a Andorra como paraíso fiscal en su lista interna, por lo que no es descabellado que si los partidos de izquierdas consolidan su poder en España, podemos ver a países como Andorra de nuevo en la lista de paraísos fiscales (y más no siendo el país de los pirineos ni miembro de la Unión Europea).

¿Y que implicaría para la inclusión de Andorra en el listado de paraísos fiscales?

De acuerdo con la legislación española, cuando el contribuyente traslade su residencia a un paraíso fiscal , habrá que tener en cuenta lo siguiente:

1º)  Para que se entienda acreditada la residencia en un paraíso fiscal , la Administración tributaria puede exigir que se pruebe la residencia en dicho país o territorio durante 183 días en el año natural. Esto implica que el contribuyente debe demostrar que efectivamente ha permanecido en el paraíso fiscal como mínimo 183 días.

2º)  Aun cuando se pruebe la permanencia en el paraíso fiscal , si el contribuyente es de nacionalidad española, ha de continuar tributando por el IRPF durante el período impositivo en el que se efectuó el cambio de residencia y los cuatro períodos impositivos siguientes. Esta es la denominada «norma de cuarentena fiscal» introducida con el objeto de dificultar la deslocalización de residentes en paraísos fiscales. Conforme a ella, no pierden la condición de residentes fiscales en territorio español las personas físicas de nacionalidad española aunque acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal.

Esta regla pues rompe el criterio de residencia como determinante a la hora de pagar impuestos e impone una tributación por nacionalidad en lugar de por residencia. Este trato discriminatorio duraría hasta 4 años.

De este modo, a fecha de hoy, si un español residente en España se muda a un país como Seychelles, con tributación del 0% en IRPF, seguirá pagando impuestos en España durante 4 años hasta un tipo máximo del 53%.

A pesar de esto, no queda claro si esta norma puede aplicarse en los casos en que residentes en España se trasladen primero a un tercer país y desde ahí a un paraíso fiscal , aunque si puede acreditarse que simplemente se buscaba eludir la norma de «cuarentena  fiscal» debería ser de aplicación, como si se tratara de un desplazamiento directo al paraíso fiscal aplicando el fraude de Ley.

De este modo, a pesar de que pensamos que esto no llegará a ocurrir, en el caso de que en España la izquierda obtenga mayoría parlamentaria, pensamos que podría llegar a darse la situación de que Andorra sea listada como paraíso fiscal y por tanto se acabe con la fuga de youtubers, deportistas, creadores de contenidos y ricos a Andorra.

Junto con el impuesto de salida (ver el artículo «Exit tax España»), esta medida implicaría no poder salir desde España a países de baja tributación nunca más.

¿Y cómo evitar esto? ¿Es demasiado tarde?

No, le queda una solución

Como ha podido intuir por nuestro nombre, en Relocate&Save somos unos firmes defensores del cambio de residencia fiscal como vía legal de huir de la confiscación tributaria. El cambio de residencia fiscal es un método absolutamente legal y que no deja resquicios a la persecución: si hace las cosas bien, simplemente dejará de tributar en España y se acabará su sufrida relación con Hacienda.

Lógicamente, esta solución requiere el esfuerzo de cambiar su residencia al menos seis meses al año, pero afortunadamente ya pasó hace tiempo la época en que para pagar pocos impuestos uno tenía que mudarse a un país subdesarrollado y sin seguridad jurídica. A día de hoy aún puede mudarse a Andorra sin ninguna dificultad…¿A qué está esperando para mudarse a Andorra?

Si está seriamente interesado en cambiar su residencia fiscal, le recomendamos que descargue de forma gratuita y lea nuestro informe actualizado «Los tres mejores destinos fiscales del momento».